La mayoría de los testimonios recogidos coinciden en el apoyo mayoritario de éstos a la causa revolucionaria, sobre todo en provincias; aunque en el caso de los propietarios de negocios, su colaboración consistiera generalmente en un aporte económico al Movimiento del 26 de Julio más que en una participación activa en la lucha clandestina. Pocos gallegos fueron líderes revolucionarios[1] , aunque varios de los principales dirigentes fueron hijos de gallegos; como los hermanos Castro y los País. Los primeros - los triunfadores- hijos de un rico terrateniente lucense[2]
Los gallegos dueños de pequeños negocios, industrias y propietarios rurales ayudaron a los revolucionarios, incluso económicamente, pensando que el nuevo sistema que se implantaría solo acabaría con el decadente gobierno de Fulgencio Batista, sin saber que con la llegada de los barbudos se emitirían resoluciones nacionalizadoras que a los pocos años caerían sobre sus negocios y propiedades, perdiendo finalmente lo que tanto les había costado obtener en duros años de trabajo y de grandes penurias.
El 17 de Mayo de 1959 se dictó la Primera ley de Reforma Agraria con la cual se beneficiaron muchos gallegos que trabajaban la tierra ya que uno de los acápites que establecía la referida ley era que se debía entregar las tierras a quien las cultivaba.
El 13 de Octubre de 1960 se lleva a cabo el segundo proceso de nacionalización, mediante el cual afectaron a las grandes compañías que contaban con más de 25 trabajadores, la mayoría de ellas pertenecientes a consorcios multinacionales. Pocos gallegos fueron afectados por dichas medidas, solo aquellos que eran dueños de centrales azucareros, los grandes mayoristas de víveres, propietarios de tostaderos de café, dueños de almacenes de materiales de la construcción, entre otros que contaban con participaciones en grandes corporaciones comerciales e industriales.
Al poco tiempo el gobierno revolucionario crea el Ministerio de Bienes Malversados, quedando de esta forma en manos del estado la industria del acero y textil, algunos gallegos tenían intereses en estas industrias y sus negocios se vieron afectados, lo que hizo que otros gallegos se comenzaran a inquietar por el futuro de sus negocios.
Apenas de tres meses de implementada la ley anterior el 14 de Octubre de 1961 salió a luz la Reforma Urbana, apropiándose el estado de aquellas viviendas que no eran ocupadas por sus propietarios, disminuyendo entre un 30 y 50 por ciento el alquiler y permitiéndole al inquilino comprar su vivienda en un plazo entre 5 a 20 años con el aporte mensual de su alquiler, esta ley perjudicó a muchos inmigrantes gallegos que previsoramente invirtieron sus ganancias en el sector inmobiliario en los tiempo del boom inmobiliario de los años 40 y 50 del siglo anterior, momento en el cual en la capital cubana se comenzaron a construir alrededor del 80 por ciento de las viviendas del país.
Al poco tiempo el gobierno cubano estableció un canje de dinero, evitando de esta manera actividades especulativas por parte de Estados Unidos contra la moneda cubana para lo cual se estableció un monto máximo por personas para cambiar, quedando en manos del estado el resto de los depósitos para ponerlos en función del desarrollo social, medida que como es lógico afectó a la mayoría de los productores y comerciantes gallegos en la isla, los que vieron irse de un día para otro todos los ahorros que en años y con tanto esfuerzo lograron hacer durante su estancia en la isla.
No obstante a este proceso de nacionalización llevado a cabo por el gobierno revolucionario, a principios del año 1962 se mantenían en manos de sus dueños los medianos y pequeños negocios comerciales e industriales, fundamentalmente en manos de inmigrantes españoles en la que los gallegos tenían la mayor parte de los negocios y aunque la revolución aseguraba que no, la mayoría de los gallegos dueños de pequeños negocios estaban claros que el proceso de nacionalización no se quedaría solo en las grandes y medianas empresas.
Sin embargo, cuando en 1962, algunos productos de consumo empezaron a escasear, el gobierno revolucionario, con el fin de garantizar los suministros y evitar la especulación a través del acaparamiento y ocultación de mercancías por parte de algunos comerciantes , decidió llevar acabo la nacionalización de todos los comercios que emplearan a trabajadores ajenos a la familia del propietario; refiriéndose explícitamente a “la mayoría de los centros grandes y medianos de distribución de ropa, calzado y artículos de ferretería” en manos privadas, lo que, según el preámbulo de la Ley 1.076, de nacionalización de las empresas de propiedad privada, propiciaba “la especulación y la distribución privilegiada de los mismos entre sectores de la burguesía”. La ley de nacionalización de las medianas empresas comerciales dispuso también indemnizaciones a sus propietarios, que quedaron establecidas “en una cantidad inicial igual al 10 % de sus valores, y la cantidad restante, en 120 mensualidades iguales consecutivas”; estableciéndose también el derecho de los propietarios a recibir una jubilación de la Seguridad Social una vez cumplidos los 60 años, pensión semejante a la establecida para los administradores de los comercios intervenidos.[3]
Ante tal medida en la sociedad cubana hubo criterios divididos, por su parte la clase más humilde y trabajadora apoyó aquella iniciativa, ya que les aseguraba el abastecimiento de los artículos de primera necesidad y precios asequibles, por otra parte los comerciantes los comerciantes afectados, fundamentalmente gallegos quedaron asombrados y desalentados al ver desvanecido los resultados económicos de toda su vida, al mismo tiempo y producto de la medida adoptada pasaron de ser dueños a empleado (dependiente de bodega) del que fuera su propio negocio, algunos aceptaron el cargo de administrador y otros se jubilaron, para ese entonces hubo cierta agresividad verbal por parte de algunos trabajadores contra los gallegos intervenidos.
Sin embargo la prensa cubana para justificar la valides de dicha medida, conceptualizaba a los dueños de negocios expropiados como comerciantes especuladores, esta medida acabo finalmente con la imagen del carismático bodeguero gallego, tan querida por el pueblo.
Y luego con la aplicación de la segunda ley de Reforma Agraria donde al gual que en la primera, se vio afectado el negocio de muchos gallegos, el 13 de Marzo de 1968, Fidel Castro declaró el final de la propiedad privada en Cuba.
Luego de todo el proceso de nacionalización llevado a cabo por la Revolución Cubana la mayoría de propietarios que fueron intervenidos permanecieron en la isla, de forma voluntaria e involuntariamente, otros prefirieron retornar a España o de exiliarse en los Estados Unidos.
1. Betto, Frey. Fidel y la religión, La Habana, Oficina Publicaciones Consejo de Estado, 1985.
2. Emigrantes españoles en Cuba. Revista Excelencias. Nro. 29. España. Disponible en: www.revistasexcelencias.com/caribe/un-caribe-mascercano/cultura/emigrantes-españoles-en-cuba
3. Folletos de divulgación legislativa; leyes del Gobierno Revolucionario de Cuba, La Habana, noviembre-diciembre, 1962; y Revolución, 5/12/1962
4. Neira Vilas, Xosé. Los días gallegos de Alfonso Castelao, La Habana, Cuba, Editorial: ÚNIAC, 1988.
5. San Pedro, Sergio R. Cuba y los gallegos. Revista Vitral, Nro. 122. abril-junio 2016. Disponible en: www.vitral.org/vitral122/nh1.html
6. Vidal Rodríguez. José Antonio. Los procesos nacionalizadores durante la revolución cubana según los testimonios de los inmigrantes gallegos en la isla: 1959-1968. Revista Redial. 2005 no. 3 p. 61-92.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS:
[3] Ley de nacionalización de la propiedad privada, 4 de diciembre de 1962, en: Folletos de divulgación legislativa; leyes del Gobierno Revolucionario de Cuba, La Habana, noviembre-diciembre, 1962; y Revolución, 5/12/1962
