miércoles, 19 de diciembre de 2018

CORRUPCIÓN EN ECUADOR, LENTITUD O IMPUNIDAD

Luego de varios años de dictadura en Ecuador, a partir de 1978 se da un vuelco social retornando a la democracia, a partir de ese momento se comenzaron a desencadenar una serie de hechos de corrupción protagonizados fundamentalmente por las grandes elites políticas de la derecha de la época, momento a partir del cual ningún gobierno de turno ha estado ajeno a latrocinios[1], de ellos varios han quedado impune debido a la inoperancia de la justicia ya que esta, la mayoría de las veces, ha estado del lado de los políticos que han gobernado. 
En el año 2003 se firmó la primera convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, entrando en vigor a partir del año 2005, pero solo se convirtió en una pauta para prevenir y luchar contra este mal, según Naciones Unidas anualmente se paga un billón en cohechos. 
Luego de 40 años de la economía ecuatoriana estar transitando por diferentes escenarios de robos, estafas y corrupción resulta muy complejo conocer con precisión el monto real y el verdadero alcance e impacto de estos casos, y para tener un estimado del monto afectado, la Comisión Anticorrupción Ecuatoriana se dió a la tarea de revisar los registros de ingresos y gastos del presupuesto nacional para inversión, y se detectó que como mínimo existen 35 mil millones de dólares vinculados al fraude, contravención, la evasión fiscal y las deudas resultante del comercio exterior, en los diez años del gobierno anterior. 
Con este monto, considerado como mínimo y no como máximo en Ecuador se hubiese dado respuestas al tratamiento completo de 300 enfermos de cáncer, se hubiese disminuido el déficit presupuestario a gran escala, se hubiesen adoptados medidas más concretas contra de la pobreza, se hubiese logrado un mejoramiento en las condiciones en que se desempeña la economía en función de la prosperidad de los ecuatorianos, llevar a vía de hecho estas medidas con el dinero corrompido resulta muy difícil ya que el dinero que ha salido del país por concepto de corrupción no ha retornado y porque la mayoría de los empleados públicos responsabilizados están prófugos evadiendo todo tipo de investigación. 
Según Jorge Rodríguez, titular de la Comisión Anticorrupción en Ecuador, tenemos bloqueados 33 millones de dólares en Suiza (caso Petroecuador[2]), pero no los podemos traer, porque los procesos judiciales no caminan, y los banqueros solo aceptan una devolución una vez que se obtiene una resolución de última instancia…..Inclusive la Corte Nacional declaró una de las denuncias (caso Manduriacu[3]) como maliciosa. La denuncia del caso Caminosca se reabrió por la presión internacional. Rodríguez también dejó en claro que en el gobierno anterior se formularon 17 denuncias por casos de corrupción ante la fiscalía y de ellas 14 fueron archivadas, expone que los casos que son presentados y corren la suerte de ser aceptados por la fiscalía los inunda la impunidad judicial o como bien lo define el comisionado se ahogan en una lentitud desesperante, existiendo cientos de trabas para sancionar a los responsables. 
Varias investigaciones realizadas y diferentes configuraciones estadísticas demuestran que el mal de la corrupción no es un fenómeno de gobiernos anteriores, preocupa más producto a que este mal va en incremento, según la Fiscalía General del Estado en el año 2017 (año en que asumió el gobierno el actual presidente) las imputaciones y acusaciones han ido en aumento, varias de las denuncias están relacionadas a proyectos, obras o contratos del gobierno anterior, en el año 2016 por el delito de enriquecimiento ilícito en el país se formularon 19 denuncias, sin embargo hasta noviembre del presente año van 92 casos, un elemento distintivo en estas estadísticas radica en que los momentos actuales los ciudadanos cuentan con mayor interés para revelar y evidenciar actos de corrupción ante la contraloría del país, sin embargo puede que el caso sea bien trabajado por la fiscalía pero se tornan confusos porque nunca se llega a revelar el grado de afectación a la economía del país.



Las audiencias fallidas en Ecuador han pasado a ocupar un papel fundamental dentro de la resolución de casos de corrupción, según monitoreo realizado por la Comisión Nacional Anticorrupción se reveló que estas audiencias pasaron de 30 mil en el 2011 a 113 mil en el 2013.
                    
             Los dudosos vuelos del avión presidencial en el gobierno anterior 

Recientemente la contraloría nacional llevó a cabo una investigación especial, en la que analizó los registros, listados y rutas de 261 vuelos internacionales y 2372 nacionales, los aviones objetos de investigación fueron el Legacy 600 y el Falcón 7X (214 vuelos) y las naves de Tame (24), de Petroecuador (12) y de la Fuerza Aérea (11) 
En el último quinquenio del gobierno del expresidente Rafael Correa, el avión presidencial realizó 91 viajes (valorados inicialmente en 13 590 947.13), los que según revisión de la contraloría del estado contaron con irregularidades e incoherencias en sus registros, algunas de las anomalías detectadas fueron: 
- Despegue sin autorización de la Secretaría General de la Presidencia, 
- Trasladaron a personas que no eran funcionarios y a comitivas de otros países, 
- Aterrizaron en 24 ocasiones en paraísos fiscales, 
- Transportaron equipaje sin los chequeos de rigor. 
- En junio del 2012, el avión Legacy 600 fue y volvió de Río de Janeiro sin pasajero alguno. 
- Hubo casos en que una funcionaria del despacho presidencial, de quien no se reveló el nombre, tuvo la potestad de ordenar, sin documentos, que se saque o incluya a pasajeros en la pista del aeropuerto. 
Estos hechos evidencian que el anterior mandatario no emitió procedimiento alguno con la intención de proteger el interés de los fondos públicos empleados en los traslados, los auditores de la contraloría evidenciaron que las aeronaves fueron empleados mayormente por otros funcionarios, alterando el único objetivo para el que estaban destinados, que no era otro que transportar al presidente y vicepresidentes. Los auditores concluyeron que en el periodo analizado, el 29,4 por ciento de los traslados los realizó el presidente, el 16,8 por ciento el vicepresidente, el canciller realizó el 33,6 por ciento, diferentes ministros hicieron el 12,6 por ciento y otras autoridades del estado y el gobierno lo emplearon en un 7,5 por ciento.


El proyecto multipropósito Baba y el sistema de riego Carrizal Chone

Recientemente Marcelo Odebrecht, encargado principal de la Compañía Constructora Odebrecht, como parte de un acuerdo de cooperación eficaz entregó a la fiscalía brasileña constancias de pago por más de 442 mil dólares entregados a Ecuador entre febrero de 2007 y julio 2009. Para la entrega de estas coimas la constructora brasileña empleaba el sistema encriptado My Web Day[1]. Las aportaciones iniciales de la constructora es como sigue:


AÑOS
PROYECTOS
SUMAS ENTREGADAS
27 de febrero de 2007

Proyecto Multipropósito Baba
95 mil dólares
01 de marzo de 2007
Sistema de riego Carrizal-Chone
110 mil dólares
29 de octubre de 2007
Sistema de riego Carrizal-Chone 2da etapa
35.504 dólares
Fuente: Diario El Universo, 2018

Teniendo en cuenta una serie de anormalidades que presentó la constructora Odebrecht en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, en el 2008 el expresidente Correa adoptó de decisión de expulsar a la constructora brasileña del territorio nacional, medida que hizo que dicha empresa quedara fuera de los proyectos Baba y Carrizal-Chone. 
Independientemente a dicha expulsión, en la información entregada por el principal de Odebrecht se revela una transferencia bancaria del proyecto Baba ascendente a 200 mil dólares, la que se realizó en el 2009, luego de un acuerdo de Correa con la constructora, en el 2010 se le permitió retornar y continuar sus operaciones en territorio ecuatoriano.
El regreso de Odebrecht hizo a la empresa más fuerte en Ecuador, puesto que supo apoderarse de la construcción de cinco megaobras con presupuestos millonarios otorgados por el gobierno, convenios a los que llegó mediante sobornos a altos funcionarios del gobierno anterior, entre los que se encuentran el excontralor prófugo Carlos Pólit, y el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a 6 años por peculado y asociación ilícita.



En Ecuador están muy bien formuladas y redactadas las leyes para acabar con la corrupción y para castigar los hechos de lavado de activos, soborno, peculado, corrupción y concusión[1], pero lo más importante es prevenir estos hechos mediante la promoción de valores humanos, la educación de una cultura de obediencia y responsabilidad, promover estilos de vida sencillos y modestos y formar a las nuevas generaciones con vocación de servir al gobierno a cambio de nada.

Bibliografía:

1. Flores, O (2017). Recuerde los casos de corrupción más sonados en Ecuador. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.radiomundial.com.ve/article/recuerde-los-casos-de-corrupci%C3%B3n-m%C3%A1s-sonados-en-ecuador
2. $ 10 millones al día, las pérdidas por la corrupción en Ecuador. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.eluniverso.com/noticias/2018/12/07/nota/7087548/10-millones-dia-perdidas-corrupcion-ecuador
3. Echeverría, E (2017) ¿combatir la corrupción? Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.elcomercio.com/opinion/combatir-corrupcion-ecuador-opinion.html
4. Reyes, X (2018). 91 vuelos con irregularidades costaron más de $13 millones. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.eluniverso.com/noticias/2018/12/15/nota/7099074/91-vuelos-irregularidades-costaron-mas-13-millones
5. Menéndez, T. (2018). Salen a la luz nuevos sobornos de Odebrecht en Ecuador. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/439546-salen-luz-nuevos-sobornos-odebrecht-ecuador

Citas Bibliográficas:


[1] La concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en provecho propio.


[1] Software corporativo creado para manejar las operaciones del área de sobornos de Odebrecht. 


[1] rapiñadolo, estafa, timo, saqueo, robo, desfalco, pillaje, fraude, hurto
[2] El caso Petroecuador es el nombre mediático que se le da a varios procesos judiciales penales en Ecuador, llevados a cabo por la Fiscalía General del Estado (ministerio público ecuatoriano) contra ex-directivos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, y demás personas involucradas en negocios con dicha empresa, por varios presuntos delitos de corrupción, tales como lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito. Las principales investigaciones recaen sobre Álex Bravo Panchano y Carlos Pareja Yannuzzelli.
[3] Investigación abierta por la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Manduriacu a la constructora brasileña Odebrecht.

martes, 4 de diciembre de 2018

VENEZUELA BAJO UN GOBIERNO CLEPTOCRÁTICO

La ONG (Organización No Gubernamental) Transparencia Internacional[1] (TI) recientemente publicó un informe detallado de los índices, causas y consecuencias de la corrupción en Venezuela y para su confección recopiló información, examinó registros oficiales del gobierno, revisó datos de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y del BCV (Banco Central de Venezuela) entre otras técnicas empeladas. 
Dicha organización define la corrupción como el abuso del poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad. 
Según la OPEP, Venezuela es uno de los países más ricos en petróleo, dado que cuenta con las reservas, probadas, de petróleo más grande del planeta, lo que provocó que dicho país contara con una de las economías más prosperas del mundo hasta finales del siglo pasado. 
Con un mensaje populista y bajo el juramento de restituirle el poder al pueblo, en el año 1998 llega Hugo Chávez al poder, victoria que fue vista por los diferentes partidos políticos de la época como una amenaza potencial debido a que enfocó su gobierno en el incremento de medidas regulatorias a la economía del país y mediante nacionalizaciones, asumiendo el control empresarial petrolero, bancario, cementero, eléctrico y las telecomunicaciones, en fin tomó el control de aquellos organismos considerados trascendentales para la economía del país. A partir de ese momento, el naciente gobierno llevó a cabo una limpieza en los cargos gubernamentales, abolió el senado y adoptó fuertes reformas judiciales, todas encaminadas a reducir la corrupción. 
Con el deceso de Chávez en el año 2013, llega a la presidencia del país Nicolás Maduro, heredando una economía totalmente en retroceso y con muy poco respaldo de las grandes élites y los fragmentos populares. Desde los primeros días del gobierno de Maduro, este le otorgó mayor protagonismo económico, político y social al ejército, sector armado que se apropió del control de negocios altamente lucrativos como la distribución de alimentos y la minería del oro. 
Luego de varias sacudidas económicas y políticas del gobierno venezolano, Transparencia declara que en el país petrolero se ha impuesto un gobierno conforme a un modelo cleptocrático[2], orientado a la especulación de los dirigentes gubernamentales quienes por orientación de la alta dirección del país no rinden cuenta de sus operaciones, permitiéndole, de esta forma, que funcionen en la impunidad. 
Transparencia realizó una revisión a 576 empresas que se encuentran en manos del estado, concentrando su investigación en aquellas 160 que pertenecían a los sectores de hidrocarburos, servicios públicos, minería y alimentación. En un documento conclusivo de 1 300 páginas Transparencia expresó que se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos que ejercen el monopolio de las decisiones de los recursos y el poder, sin rendir cuentas y en el que prevalece un alto nivel de impunidad. El informe detalla que las juntas directivas chavistas están minadas de amiguismo y nepotismo[3], que las empresas públicas no hacen público su presupuesto, estructura accionaria, sueldos y salarios de sus empleados y mucho menos dan a conocen los detalles de las ejecuciones financieros. 
Desde el 2003, las 576 empresas estatales recibieron del gobierno nacional más de 500 mil millones de dólares, sin embargo para finales del año 2018 se encontraban operantes solo 467, las 109 restantes cerraron o quebraron sin conocerse las razones y desconociéndose que hicieron o donde fueron a parar los millones de dólares entregados por el gobierno. 
Maduro protege, resguarda y continúa con las expropiaciones y confiscaciones iniciadas por el fallecido presidente Hugo Chávez, incriminando al empresariado local y foráneo de mantener una guerra económica para sacarlo del gobierno, especulando con los precios y acaparando productos de primera necesidad para la población. 
La investigación de Transparencia evidenció que entre 1999 y 2014 el gobierno destinó 37 691 millones de dólares para desarrollar 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, y se detectó un sobreprecio de 23 033 millones de dólares en dichos planes. 
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señaló que se le hizo un rastreo a las obras concedidas a la Constructora Odebrecht[4] hasta el 2016, llegando a la conclusión que se hicieron pagos de sobornos bien opulentos y millonarios a funcionarios chavistas con la intención de conseguir contratos en Venezuela. La mayoría de estos contratos fueron firmados en el mandato de Chávez (1999-2013). 
A propósito del reconocimiento de Odebrecht del pago de 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos el 21 de diciembre pasado (2016), se exhortó a la Fiscalía General a imprimir urgencia a la investigación para señalar responsabilidades e intentar recuperar los fondos públicos, expresó la directora De Freitas en una comparecencia, sobre corrupción, ante la prensa.
La directora además recalcó que por estas y otras razones Venezuela resultó ser en el 2016 el país latinoamericano peor evaluado en el índice de percepción de corrupción, Venezuela es un país que nunca sale bien parado y tenemos un gobierno que es muy sensible a la crítica, pues siempre le echa la culpa al termómetro…. No tenemos a nadie por debajo en niveles de corrupción, Venezuela no toma medidas al respecto. Hay países que hacen un esfuerzo extraordinario para combatir la corrupción, en Venezuela no es así
Desde el mismo día del descubrimiento de las riquezas petroleras venezolanas los acuerdos y desacuerdos que implicaron su repartición, fomentó la corrupción en el gobierno y en las altas élites de poder. 

Bibliografía: 

1. Kumar, B. (1998). La ética en la gestión internacional. Editorial Walter de Gruyter. Berlin Alemania 
2. Sequera. V. (2018). Empresas estatales de Venezuela no rinden cuentas y quedan impunes: Transparencia Internacional. Consultado el 23 de noviembre, disponible en: www.lta.reuters.com/articulo/venezuela-transparencia-informe-idLTAKCN1NL239-OUSLD
3. Fisher, M y Taub, A. (2017). El colapso de Venezuela explicado en cinco pasos. Consultado el 16 de junio de 2018, disponible en: www.nytimes.com/es/2017/05/15/el-colapso-de-venezuela-explicado-en-cinco-pasos/ 
4. Transparencia Venezuela afirma que el estado no se esfuerza por combatir la corrupción (2017). Diario Las Américas. Consultado el 7 de diciembre de 2018, disponible en: www.diariolasamericas.com/america-latina/transparencia-venezuela-afirma-que-el-estado-no-se-esfuerza-combatir-la-corrupcion-n4113331

Citas bibliográficas:

[1] Organización destinada a promover medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. La sede se encuentra en Berlín, Alemania, pero opera en más de 70 países, según el libro de Brij Kumar, Ethics in International Management. 
[2] La cleptocracia es el régimen político regido por ladrones. Históricamente se le considera como la última fase de un gobierno antes de que colapsen definitivamente las instituciones del Estado. Surge cuando la ética desaparece y cuando no existen posibilidades de resolver los conflictos sociales mediante procedimientos formalmente normados. Este tipo de régimen político conduce a situaciones en las que prosperan todo género de fraudes y en las que el mercado negro se convierte en un elemento esencial de la mayoría de las transacciones 
[3] Es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza 
[4] Es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, también participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está presente en Suramérica, América Central, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente