En el año 2003 se firmó la primera convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, entrando en vigor a partir del año 2005, pero solo se convirtió en una pauta para prevenir y luchar contra este mal, según Naciones Unidas anualmente se paga un billón en cohechos.
Luego de 40 años de la economía ecuatoriana estar transitando por diferentes escenarios de robos, estafas y corrupción resulta muy complejo conocer con precisión el monto real y el verdadero alcance e impacto de estos casos, y para tener un estimado del monto afectado, la Comisión Anticorrupción Ecuatoriana se dió a la tarea de revisar los registros de ingresos y gastos del presupuesto nacional para inversión, y se detectó que como mínimo existen 35 mil millones de dólares vinculados al fraude, contravención, la evasión fiscal y las deudas resultante del comercio exterior, en los diez años del gobierno anterior.
Con este monto, considerado como mínimo y no como máximo en Ecuador se hubiese dado respuestas al tratamiento completo de 300 enfermos de cáncer, se hubiese disminuido el déficit presupuestario a gran escala, se hubiesen adoptados medidas más concretas contra de la pobreza, se hubiese logrado un mejoramiento en las condiciones en que se desempeña la economía en función de la prosperidad de los ecuatorianos, llevar a vía de hecho estas medidas con el dinero corrompido resulta muy difícil ya que el dinero que ha salido del país por concepto de corrupción no ha retornado y porque la mayoría de los empleados públicos responsabilizados están prófugos evadiendo todo tipo de investigación.
Según Jorge Rodríguez, titular de la Comisión Anticorrupción en Ecuador, tenemos bloqueados 33 millones de dólares en Suiza (caso Petroecuador[2]), pero no los podemos traer, porque los procesos judiciales no caminan, y los banqueros solo aceptan una devolución una vez que se obtiene una resolución de última instancia…..Inclusive la Corte Nacional declaró una de las denuncias (caso Manduriacu[3]) como maliciosa. La denuncia del caso Caminosca se reabrió por la presión internacional. Rodríguez también dejó en claro que en el gobierno anterior se formularon 17 denuncias por casos de corrupción ante la fiscalía y de ellas 14 fueron archivadas, expone que los casos que son presentados y corren la suerte de ser aceptados por la fiscalía los inunda la impunidad judicial o como bien lo define el comisionado se ahogan en una lentitud desesperante, existiendo cientos de trabas para sancionar a los responsables.
Varias investigaciones realizadas y diferentes configuraciones estadísticas demuestran que el mal de la corrupción no es un fenómeno de gobiernos anteriores, preocupa más producto a que este mal va en incremento, según la Fiscalía General del Estado en el año 2017 (año en que asumió el gobierno el actual presidente) las imputaciones y acusaciones han ido en aumento, varias de las denuncias están relacionadas a proyectos, obras o contratos del gobierno anterior, en el año 2016 por el delito de enriquecimiento ilícito en el país se formularon 19 denuncias, sin embargo hasta noviembre del presente año van 92 casos, un elemento distintivo en estas estadísticas radica en que los momentos actuales los ciudadanos cuentan con mayor interés para revelar y evidenciar actos de corrupción ante la contraloría del país, sin embargo puede que el caso sea bien trabajado por la fiscalía pero se tornan confusos porque nunca se llega a revelar el grado de afectación a la economía del país.
Los dudosos vuelos del avión presidencial en el gobierno anterior
Recientemente la contraloría nacional llevó a cabo una investigación especial, en la que analizó los registros, listados y rutas de 261 vuelos internacionales y 2372 nacionales, los aviones objetos de investigación fueron el Legacy 600 y el Falcón 7X (214 vuelos) y las naves de Tame (24), de Petroecuador (12) y de la Fuerza Aérea (11)
En el último quinquenio del gobierno del expresidente Rafael Correa, el avión presidencial realizó 91 viajes (valorados inicialmente en 13 590 947.13), los que según revisión de la contraloría del estado contaron con irregularidades e incoherencias en sus registros, algunas de las anomalías detectadas fueron:
- Despegue sin autorización de la Secretaría General de la Presidencia,
- Trasladaron a personas que no eran funcionarios y a comitivas de otros países,
- Aterrizaron en 24 ocasiones en paraísos fiscales,
- Transportaron equipaje sin los chequeos de rigor.
- En junio del 2012, el avión Legacy 600 fue y volvió de Río de Janeiro sin pasajero alguno.
- Hubo casos en que una funcionaria del despacho presidencial, de quien no se reveló el nombre, tuvo la potestad de ordenar, sin documentos, que se saque o incluya a pasajeros en la pista del aeropuerto.
Estos hechos evidencian que el anterior mandatario no emitió procedimiento alguno con la intención de proteger el interés de los fondos públicos empleados en los traslados, los auditores de la contraloría evidenciaron que las aeronaves fueron empleados mayormente por otros funcionarios, alterando el único objetivo para el que estaban destinados, que no era otro que transportar al presidente y vicepresidentes. Los auditores concluyeron que en el periodo analizado, el 29,4 por ciento de los traslados los realizó el presidente, el 16,8 por ciento el vicepresidente, el canciller realizó el 33,6 por ciento, diferentes ministros hicieron el 12,6 por ciento y otras autoridades del estado y el gobierno lo emplearon en un 7,5 por ciento.
El
proyecto multipropósito Baba y el sistema de riego Carrizal Chone
Recientemente Marcelo Odebrecht, encargado principal de la Compañía Constructora Odebrecht, como parte de un acuerdo de cooperación eficaz entregó a la fiscalía brasileña constancias de pago por más de 442 mil dólares entregados a Ecuador entre febrero de 2007 y julio 2009. Para la entrega de estas coimas la constructora brasileña empleaba el sistema encriptado My Web Day[1]. Las aportaciones iniciales de la constructora es como sigue:
AÑOS
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PROYECTOS
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SUMAS
ENTREGADAS
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27 de febrero de 2007
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Proyecto
Multipropósito Baba
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95 mil dólares
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01 de marzo de 2007
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Sistema
de riego Carrizal-Chone
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110 mil dólares
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29 de octubre de 2007
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Sistema
de riego Carrizal-Chone 2da etapa
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35.504 dólares
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Fuente: Diario El Universo, 2018
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Teniendo en cuenta una serie de anormalidades que presentó la constructora Odebrecht en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, en el 2008 el expresidente Correa adoptó de decisión de expulsar a la constructora brasileña del territorio nacional, medida que hizo que dicha empresa quedara fuera de los proyectos Baba y Carrizal-Chone.
Independientemente a dicha expulsión, en la información entregada por el principal de Odebrecht se revela una transferencia bancaria del proyecto Baba ascendente a 200 mil dólares, la que se realizó en el 2009, luego de un acuerdo de Correa con la constructora, en el 2010 se le permitió retornar y continuar sus operaciones en territorio ecuatoriano.
El regreso de Odebrecht hizo a la empresa más fuerte en Ecuador, puesto que supo apoderarse de la construcción de cinco megaobras con presupuestos millonarios otorgados por el gobierno, convenios a los que llegó mediante sobornos a altos funcionarios del gobierno anterior, entre los que se encuentran el excontralor prófugo Carlos Pólit, y el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a 6 años por peculado y asociación ilícita.
En Ecuador están muy bien formuladas y redactadas las leyes para acabar con la corrupción y para castigar los hechos de lavado de activos, soborno, peculado, corrupción y concusión[1], pero lo más importante es prevenir estos hechos mediante la promoción de valores humanos, la educación de una cultura de obediencia y responsabilidad, promover estilos de vida sencillos y modestos y formar a las nuevas generaciones con vocación de servir al gobierno a cambio de nada.
Bibliografía:
1. Flores, O (2017). Recuerde los casos de corrupción más sonados en Ecuador. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.radiomundial.com.ve/article/recuerde-los-casos-de-corrupci%C3%B3n-m%C3%A1s-sonados-en-ecuador
2. $ 10 millones al día, las pérdidas por la corrupción en Ecuador. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.eluniverso.com/noticias/2018/12/07/nota/7087548/10-millones-dia-perdidas-corrupcion-ecuador
3. Echeverría, E (2017) ¿combatir la corrupción? Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.elcomercio.com/opinion/combatir-corrupcion-ecuador-opinion.html
4. Reyes, X (2018). 91 vuelos con irregularidades costaron más de $13 millones. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.eluniverso.com/noticias/2018/12/15/nota/7099074/91-vuelos-irregularidades-costaron-mas-13-millones
5. Menéndez, T. (2018). Salen a la luz nuevos sobornos de Odebrecht en Ecuador. Consultado el 12 de diciembre de 2018. Disponible en: www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/439546-salen-luz-nuevos-sobornos-odebrecht-ecuador
Citas Bibliográficas:
[1] La concusión es un término legal que se refiere a un
delito llamado exacción ilegal,
es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace
pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le
corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede
presentar agravantes si se emplea intimidación o si se
invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es
en provecho propio.
[2] El caso Petroecuador es el nombre
mediático que se le da a varios procesos judiciales penales en Ecuador,
llevados a cabo por la Fiscalía General del Estado (ministerio
público ecuatoriano) contra ex-directivos de la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, y demás personas involucradas en
negocios con dicha empresa, por varios presuntos delitos de corrupción, tales
como lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Las principales investigaciones recaen sobre Álex Bravo Panchano y Carlos
Pareja Yannuzzelli.
[3] Investigación abierta por la adjudicación del
proyecto hidroeléctrico Manduriacu a la constructora brasileña
Odebrecht.
