Era
una analogía de fuerzas que alimentarían los conflictos del país en un
enfrentamiento entre liberales y conservadores, el cual logró su máxima
expresión en 1948 con el asesinato del popular candidato liberal
Jorge Eliécer Gaitán, periodo que se extendió hasta finales de la década del
50, recibiendo el sencillo y explícito nombre de La Violencia, dejando un
saldo de más de 200.000 muertos.
Los
orígenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son los de
un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia
liberal desplazados que aprendieron a sobrevivir en la frontera, sin ningún
tipo de lealtad hacia el Estado.
Manuel
Marulanda Vélez encabezaba una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron
la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable
poder militar y político, llegando este a convertirse en el primer jefe de las
FARC. En 1964 tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto a Jacobo
Arenas (otro de los líderes originales del grupo), fundan primero una guerrilla
de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los
años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos, con métodos
más violentos de guerra entre las FARC y el gobierno
En
la década de los 90, momento en que hubo un recrudecimiento del conflicto
armado en el interior del país, se incrementó la cantidad de recursos
destinados para la guerra. Estos se elevaron nuevamente durante la presidencia
de Andrés Pastrana, y durante los dos períodos de Gobierno de Álvaro Uribe
Vélez, manteniéndose durante el mandato de Juan Manuel Santos. La cantidad de
dinero invertida pudo haberse destinado para solventar los problemas del país
en sectores como salud, la educación o la economía.
En
el año 2000 Estados Unidos en el marco del Plan Colombia inyectó en 15 años
alrededor de 10 mil millones de dólares en el país para suministrar asistencia
técnica y económica en la lucha contrainsurgente y antidroga, dicho plan
acrecentó más la brecha existente entre gobierno e insurgencia pues permitió la modernización de las Fuerzas
Militares y Policía, pero las FARC a la vez alcanzó su mayor capacidad
militar, logrando contar con unos 20.000 hombres en armas.
En
la última década el país ha gastado más de 230 billones de pesos en un
conflicto que no termina. Según el Ministerio de Hacienda, del presupuesto
nacional aprobado para el 2014 el cual ascendió a 199,9 billones de pesos, el
17,9 por ciento es decir 27,7 billones solamente fueron destinados a la defensa y al
conflicto armado, gasto que superó a 80 mil veces más a lo invertido en
cultura, 101 mil veces más que lo asignado a deporte y recreación y 120
mil veces más que lo invertido en empleos públicos.
De los 27,7 billones
de pesos asignados para enfrentar el conflicto bélico, el Ministerio de Defensa,
lo distribuyó y gastó de la siguiente manera según instituciones armadas,
Ministerio de Defensa: 10 billones de pesos para 23. 993 funcionarios, Policía
Nacional: 7,2 billones para 179.172 funcionarios, Ejercito Nacional: 6,9
billones para 233.756 funcionarios, Armada Nacional: 1,8 billones para 35.526
funcionarios y Fuerza
Aérea: 1,8 billones para 10.562 funcionarios.
La
inversión en dotación de un soldado regular es de 2 millones de pesos,
representados en un fusil Galil, chaleco, uniforme, botas, distintivos, placas,
bufandas, ponchos, medias, frazadas, morral, entre otros, según datos del
Ejército Nacional.
A
estos costos hay que sumarle las millonarias pérdidas que deja la guerra a
infraestructura vial, eléctrica, minera y petrolera. Cálculos
extraoficiales señalan que dichas acciones costarían al año más de 60.000
millones de pesos. También habría que sumar elementos como los gastos de las
empresas privadas en seguridad y las inversiones que dejan de hacerse cada año
por el solo hecho de estar en guerra.
La
reinserción de los guerrilleros a la vida civil, la consolidación del estado en
las zonas afectadas y la reparación de víctimas implicarán también grandes
costos directos, las personas que se desmovilizan y pasan a la vida social
también reciben por acompañamiento e intervención psicosocial 160.000 pesos
mensualmente durante 30 meses, pagos que le cuestan al estado la cantidad de
4.800.000 pesos en ese periodo por cada persona reinsertada socialmente, cifras
similares reciben los reinsertados en los programas de formación para el
trabajo. El estímulo para el acceso y permanencia en los programas de educación
también tiene un costo pues durante el periodo de lectivo escolar (6 años) de un reinsertado a
la sociedad, el estado invierte 160.000 pesos mensual.
Resarcir
económicamente a las víctimas del conflicto constituye uno de los elementos más
desafiantes y costosos en el escenario posconflicto, no obstante también entra
en el plan de gastos del gobierno ya que entre los años 2000 y 2014 gastó 4,13
billones de pesos, para ese último año el fondo de reparación de víctimas
ascendió a 621.000 millones de pesos. Los dos millones de menores de edad
desplazados y los cerca de 5 mil que se han desvinculado de los grupos al margen
de la ley, le han costado al estado 139.268 millones de pesos.
Además,
habrá que ofrecer soluciones a las miles de familias que hoy viven de la
producción de cultivos ilícitos y trabajan de la mano con la guerrilla ya que
el número de personas cuya actividad económica depende directamente de las FARC
supera las 200 mil.
Hasta
ahora, el Ministerio de Hacienda ha estimado entre 25 y 40 billones de pesos el
costo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 107 de 2010). Dicho
monto será asumido en 98% por el gobierno central.
El
crecimiento de la economía no está directamente ligado a la firma del acuerdo
de paz, sino al éxito de los programas de reinserción de los guerrilleros, la
inversión en infraestructura nacional y la capacidad del Estado de controlar
las bandas criminales, entre otras.
Tras
varios años de complejas negociaciones entre el gobierno y las FARC para
alcanzar la paz, se llegó finalmente a un acuerdo final entre las partes.
Para
refrendar lo acordado en la mesa de diálogo en La Habana, la Corte
Constitucional de Colombia aprobó la celebración de un Plebiscito, que se
realizó el pasado 2 de Octubre, donde el no tuvo una pírrica victoria al
imponerse, no obstante ahora el gobierno ha comenzado conversaciones para
escuchar a los líderes de la corriente del NO, como también se han reanudado
las conversaciones entre las FARC y en el gobierno buscando rediseñar algunas
cláusulas, cambiando de escenario, dejando La Habana y trabajando el Ecuador.
Pero
cuando de dinero se trata hasta en la implementación de la paz hay que
invertir, de lograrse la paz, como todos esperamos, podrá alcanzar un costo
anual durante diez años, de un 1,1 por ciento como mínimo del PIB, es decir 5.3 millones
de dólares y como máximo 3.8 por ciento como máximo del PIB, lo que significa 18.8
millones de dólares, según cifras del Bank of América Merrill Lynch Global
Research, estas cifras podrían aumentar, dependiendo de cuán extensos sean los
programas implementados.
Para
finalizar este autor considera que el proceso de paz en Colombia ya está
encaminado y sus costos ya se están pagando, la última palabra la tienen los
colombianos pues son los pueblos los que determinan su propio destino, solo
queda que el pueblo sepa el rumbo hacia la verdadera y definitiva paz.
Bibliografía
1.www.telesurtv.net/telesuragenda/El-costo-economico-de-la-guerra-en-Colombia-20160907-0030.html
3.www.elespectador.com/noticias/economia/importante-su-bolsillo-el-fin-del-conflicto-armado-farc-articulo-639542
Bibliografía
1.www.telesurtv.net/telesuragenda/El-costo-economico-de-la-guerra-en-Colombia-20160907-0030.html
3.www.elespectador.com/noticias/economia/importante-su-bolsillo-el-fin-del-conflicto-armado-farc-articulo-639542
